SIN FINANCIACIÓN NO HAY LIBERTAD


La retirada del concierto educativo a los centros de enseñanza diferenciada no es una medida pedagógica ni social, sino política.
De nuevo ha surgido la polémica, nunca dormida, sobre la conveniencia de aplicar fondos públicos para concertar los centros que imparten una enseñanza diferenciada entre niños y niñas. El nuevo Secretario General de Educación, Mario Bedera, ha hecho unas declaraciones en este sentido, prometiendo “poner herramientas para que estas prácticas no se lleven a cabo”. No hay que olvidar que con las transferencias en materia educativa, son las Comunidades las que deben aplicar sus propios criterios.
El tema se reabrió hace pocos años con una sentencia dictada por el Tribunal Supremo, mediante la cual se permite a las comunidades autónomas retirar los conciertos educativos a los centros que no sean mixtos. No es menos cierto que el mismo Tribunal, en el año 2006 emitió un fallo en el que considera que la enseñanza diferenciada no es discriminatoria (por razón de sexo) y, por tanto, sí puede contar con la financiación pública. Todas las leyes educativas, incluida la última, la LOE, no suprimen este derecho y lo hacen en virtud de los acuerdos internacionales que España tiene suscritos, entre ellos, el de la Convención de la UNESCO de 1960. Nuestra Constitución, en su artículo 10.2, dice que: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce (como la educación) se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.
Es evidente que si estos centros impartiesen una educación sexista y practicasen la discriminación entre sexos en el sentido que son rechazados por la Constitución y por los organismos internacionales, no solo habría que negarles el concierto educativo, sino que sería una ineludible responsabilidad de todos, el denunciarlos y erradicarlos de nuestro entorno democrático. Sobre esto ya se han pronunciado los tribunales en el sentido contrario. ¿Los jueces permanecen impasibles ante las Comunidades que seguirán “conculcando gravemente la ley” por mantener los conciertos a este tipo de centros?. ¿Qué es, entonces, lo que mueve a algunos a exigir la retirada del concierto a estos centros?. La respuesta es clara: el imponer un modelo educativo único, movidos por principios ideológicos y políticos. No se trata de que unas administraciones sean más “puristas” ante la ley, sino más “partidistas” y, en definitiva, más “políticas”.
El artículo 27 de nuestra Constitución garantiza el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación de acuerdo a sus convicciones y a ayudar a los centros que cumplan la ley, incluso los que imparten enseñanza diferenciada. A nadie se le obliga a educarse de una determinada manera. ¿Acaso la ley del aborto obliga a todas las mujeres a abortar?
Las preferencias ideológicas o pedagógicas de un Gobierno no pueden condicionar la concesión de los conciertos bajo el principio de que “quien paga manda” coartando el disfrute de libertades. Los padres, los centros educativos y los trabajadores no pueden estar a merced de posicionamientos políticos que siempre serán temporales y ocasionales en la administración de fondos públicos. La vieja sentencia de que “quien quiera un modelo de educación diferente del público, que se lo pague”, a parte de no ser constitucional, niega a los más desfavorecidos el derecho a elegir. Los poderosos siempre lo tienen. Sin financiación no hay igualdad de oportunidades y sin igualdad, no hay libertad.
Una sociedad democrática queda fortalecida cuanto más se ensancha el campo de la iniciativa social, se respetan y promueven los derechos en un entorno cada vez más plural. Nunca ha dado buen resultado la mezcla ideológica entre política y educación. La única política educativa admisible es la que se basa en el respeto a la libertad de los padres al elegir el modelo que prefieren para sus hijos. Cualquier otro intento no es progreso, sino regresión.
Joaquín Moreno Cejuela

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