Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco exige a los centros concertado a pagar el 5% del salario a los profesores que se les redujo a partir de agosto de 2010. Esta sentencia crea un problema insoluble para estos centros ya que es la comunidad autónoma la que abona las nóminas en pago delegado y la ley impide que los centros concertados habiliten cualquier otra fuente de financiación con cargo a los padres de los alumnos. La sentencia, que está recurrida, coloca a la patronal del sector en una situación insostenible que les obligaría a cerrar muchos centros y el alumnado no podría ser absorbido por la red pública.
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