La primera tarea del Gobierno que salga de las elecciones generales del 20 N será la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2012. La dotación que resulte para la educación debería aparecer como una inversión necesaria y rentable en el futuro; debe ser una apuesta definitiva por un valor consolidable como es la educación. No se superarán las carencias existentes, sin una dotación presupuestaria que garantice el aumento de recursos, de medios y de plantillas. No conviene olvidar que las Comunidades Autónomas tienen transferidas las competencias educativas y de ellas depende su gestión y el aporte complementario suficiente. Los Presupuestos reflejan, en parte, la política educativa de los gobiernos.
Los programas de las principales formaciones políticas consideran la educación como una prioridad incuestionable. Existe una coincidencia en determinadas promesas como la necesidad de reducir el elevado fracaso escolar, de potenciar la atención a la diversidad, de aportar los medios y recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para que nuestro sistema educativo garantice una formación de calidad a niños y jóvenes.
Los objetivos, en definitiva, quedan bien definidos, pero no tanto las propuestas concretas y el camino para conseguirlos.
De esta tarea no debe excluirse a los profesionales, a los educadores. Los políticos deben legislar, pero en educación no caben experimentos, porque se corre el peligro de causar un daño irreversible. Es urgente un Pacto Nacional sobre Educación, como único medio para garantizar la estabilidad en el sistema educativo. Estas decisiones son política educativa.
Se debe dejar muy claro que el derecho a la libertad de enseñanza, a la creación, dirección y elección de centro educativo, a la gratuidad en los niveles obligatorios y a la igualdad de trato en los no obligatorios son derechos amparados en el artículo 27 de nuestra Constitución.
Los centros privados concertados, sean de la titularidad que sean, forman parte del sistema educativo español, no en virtud de acuerdos que se pueden ratificar o no según convengan, sino como una expresión de la libertad de enseñanza. Los Acuerdos son de naturaleza política, pero la LIBERTAD DE ENSEÑANZA y su FINANCIACIÓN no pueden ser moneda de cambio sujeta a vaivenes y conveniencias.
La política educativa de los gobiernos viene marcada por las leyes y disposiciones que se adopten durante su mandato y sus efectos, aciertos o fracasos, se detectarán con el paso del tiempo.
Una buena política educativa debe orientarse a la consolidación de los derechos constitucionales y al progreso de la sociedad en valores y conocimientos. La educación política e interesada, pertenece a otro ámbito más personal. La educación necesita de una actuación política para desarrollarse y crecer en CALIDAD y en LIBERTAD, pero esto no implica, necesariamente, una educación política.
Francisco Vírseda García y Joaquín Moreno Cejuela
