Parados en enero 2012: 4.422.359 + 575.866 (demandantes de empleo específico y participantes en cursos de formación), lo que representa un total de 322.286 parados más que en 2010.- Sin prestación alguna: 1,6 millones de desempleados.
- Disminución alarmante de los afiliados a la Seguridad Social: 355.000 afiliados menos que en 2010, lo que hace un total de 17.229.922 de cotizantes.
- Los contratos indefinidos se estancan: Sólo representan un 5,6 % de los realizados.Menos trabajadores por pensionista: Por cada pensionista, hay 2,46 trabajadores
- Entramos en recesión y la prima de riesgo se dispara: En torno a los 350 puntos básicos y sigue subiendo.
A estas alarmantes cifras, hay que añadir los 40.000 millones de ajustes que es necesario abordar.
El instrumento de reducir el déficit nos debe llevar al objetivo principal: la creación de empleo, porque la sangría del paro sigue en aumento y genera una espiral de situaciones no deseadas: disminución de afiliados a la Seguridad Social y riesgo para las pensiones de los jubilados, lo que hace poner en cuestión el Estado del Bienestar.
La CEOE, CCOO y UGT llevan reuniéndose más de un mes y apenas hay avances significativos, tales como:
- la racionalización de festivos
- la solución de conflictos
- la formación para el empleo
- el absentismo laboral
- las mutuas de trabajo
- las jubilaciones anticipadas
- las bonificaciones y reposición de prestaciones en los ERE.
En cambio, no hay acercamiento en los tres temas capitales: contratación, salarios y despidos.
La patronal CEOE, propone en contratación, la creación de un “contrato en crisis” equivalente a dos años con despido improcedente de 20 días por año con un topo de 12 mensualidades (ahora son 45 o 33 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades) y una extinción procedente con despido de 12 días. En salarios, pretende la congelación salarial en 2012 y 2013 con posibilidad en 2014 de alguna subida condicionada a la situación económica. No aceptan la cláusula de revisión salarial que garanticen el poder adquisitivo en función el IPC, pero podrían aceptar el IPC europeo, al que habría que descontar el grado de evolución de los precios e la energía y de los impuestos. Pide, además, más flexibilidad en la negociación colectiva, tales como cambios en los horarios de los trabajadores, la posibilidad de negociar convenios de empresa en cualquier momento, sin esperar a que finalice el convenio sectorial.
CCOO y UGT, por su parte, estarían dispuestos a convertir los trabajos a tiempo completo en a tiempo parcial, en que no se congelaran los salarios, en que se reinvirtieran los beneficios de los empresarios, y en que se controlen los precios de los productos básicos.
En relación con los “mini empleos” con los que una gran parte de los empresarios y muchos jóvenes en paro estarían de acuerdo, no parecen gustar ni a los Sindicatos ni a la nueva Ministra de Trabajo que afirma que este tipo de contratos “no encaja con la realidad del mercado laboral”. En mi opinión, los empleos reducidos ahorran costes y aumentan la flexibilidad de las empresas, pero generan problemas de tipo económico y social, tales como la precarización de las relaciones laborales, el incremento de la desigualdad y una pérdida sensible de derechos en las pensiones.
Estos “negociadores” han perdido significativamente su prestigio social. Adolecen de una profunda crisis identitaria, de objetivos y de imagen. Por lo que se refiere a los autodenominados “sindicatos de clase”, anclados en el pasado, supeditan la defensa de los derechos de los trabajadores a que su estatus no peligre. Han olvidado el ejercicio de responsabilidad, de reflexión y de compromiso para con los cinco millones de parados y para abordar las reformas que la economía española necesita.
Los cómplices mudos de la desastrosa política social y económica del anterior Gobierno ya nos tienen demasiado acostumbrados a sus majaderías de siempre: combatir el sistema que es quien en realidad les garantiza su subsistencia, a través de subvenciones parasitarias con cargo al bolsillo de todos los españoles.
Piden más tiempo para perder el tiempo en la búsqueda de acuerdos, prácticamente inviables en lo esencial y, señalan, que el Gobierno no debe legislar en aquellas materias que son de su única competencia, tales como salarios, flexibilidad interna y negociación colectiva.
Es verdad que si se supiera cómo salir de la crisis ya se habría salido.
Es la hora del Gobierno. Ni demoras, ni excusas. El plazo se ha acabado. El Presidente no debe eludir su responsabilidad, debe:
- en primer lugar, aclarar de forma valiente, razonada y detallada los motivos que le han llevado inexorablemente, según él, a la subida de impuestos, a lo que la Vicepresidenta ha venido en llamar “Recargo Temporal de Solidaridad”. Los ingresos no se generan, necesariamente, incrementando los impuestos sino facilitando la actividad económica que es el motor básico de la riqueza;
- en segundo lugar, sincronizar las reformas fiscales, económicas, laborales y administrativas, para poner freno a la recesión;
- y, en tercer lugar, suprimir el despilfarro que suponen las embajadas y despachos regionales en el extranjero que son la oficina de empleo para enriquecer a los amiguetes del poder establecido; los gastos de representación, las tarjetas de crédito, los coches oficiales, etc. Suprimir las subvenciones a los partidos políticos, patronales y sindicatos y contener los vergonzosos salarios de cargos públicos y de directivos de empresas.
Francisco Vírseda García
