Las organizaciones mayoritarias de la enseñanza privada concertada, patronales y titulares (FERE-CECA. EyG, CECE. UECOE, FEDACES, FECC y APSEC) y los sindicatos FSIE y USO, denuncian la insostenible situación que afecta a este sector, por la degradación de las condiciones sociolaborales de los trabajadores por los recortes, el incumplimiento de los conciertos y de los acuerdos laborales en algunas comunidades.
El siguiente decálogo de recortes, colocan – en opinión de estas organizaciones – a la enseñanza privada concertada al borde de la quiebra técnica:
1.- Aumento de la capacidad de las aulas en un 20 % (RD Ley 12/2012). Esta medida acarreará la eliminación de unidades concertadas y mayor coste de inversión en material.
2.- Reducción del pago por sustituciones y obligación de extinguir los contratos de interinidad en verano (RD Ley 12/2012).
3.- Aumento de la jornada lectivo del profesorado en Primaria (RD Ley 12/2012), lo que conlleva al incumplimiento de los acuerdos suscritos en las comunidades autónomas.
4.- Reducción salarial al profesorado, en términos análogos a la reducción aplicada a los funcionarios docentes. De esta forma la pérdida de poder adquisitivo en los últimos dos años es equivalente al 15 %.
5.- Afectación en los salarios del personal no docente, al no sufrir incremento alguno la partida de “otros gastos” del módulo de conciertos, desde hace varios años.
6.- Los gastos de funcionamiento de los centros se reducen, como consecuencia de la LPGE de 2011 y el RD Ley 20/2012. Teniendo en cuenta el incremento del IVA desde septiembre de 102, se puede estimar la pérdida de capacidad adquisitiva de los centros en torno a un 32 %.
7.- Se retrasa en varios meses el abono de los gastos de funcionamiento, en comunidades como Andalucía, Illes Balears, Cataluña, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana, llevando a los centros a una falta de liquidez.
8.- Mantenimiento del déficit histórico de los módulos de conciertos, ya que el módulo por unidad sólo cubre entre un 50 y un 70 % del coste real de la impartición de las enseñanzas.
9.- Se reducen las unidades de apoyo de compensatoria, refuerzo e integración, que estaban destinadas a la atención de los alumnos que ofrecen mayores dificultades de aprendizaje.
10.- Las ayudas para comedor, transporte escolar y libros de texto se reducen considerablemente en las comunidades que las venían concediendo a los centros privados concertados.
Si a estas cuestiones, añadimos que la Administración Educativa sigue sin fijar el coste real del puesto escolar, sigue sin atender la histórica y justa reivindicación sectorial de la gratuidad del Bachillerato en la enseñanza privada sin ánimo de lucro, como ocurre en la enseñanza pública, sigue sin abonar los mismos cargos y en la misma cuantía que lo hace en los centros de titularidad pública y que el Convenio colectivo del sector lleva sin firmarse cuatro años, la situación no puede ser más caótica.
Francisco Vírseda García
