La enseñanza privada o de iniciativa social, en el conjunto del Estado, representa un 28 por 100 del total en cuanto a centros docentes y el 32 % en cuanto a los alumnos y alumnas matriculados (de ellos, el 30 % están en la enseñanza privada concertada que escolariza el 34 por 100 del alumnado).
En algunas comunidades autónomas, como Madrid, Cataluña y el País Vasco estos porcentajes se elevan hasta el 40/50 % del total de centros y más del 40 % de alumnos.
En otras comunidades, como Andalucía, es tal el acoso que sufre la enseñanza de iniciativa social por parte de la Consejería de Educación y de la Junta de Gobierno que su implantación se sitúa escasamente en el 20 por 100.
La enseñanza privada concertada, ampliamente mayoritaria dentro de la enseñanza privada, tiene unas características que les son propias, a las que no debe renunciar:
- Titularidad privada, que no puede ni debe desvirtuarse por el hecho de su financiación por parte de las Administraciones educativas.
- Prestación de un “servicio de interés público”: la educación.
- Sostenimiento con fondos públicos.
- Ausencia de ánimo de lucro.
- Régimen fiscal asimilable a las fundaciones benéfico-docentes.
- Órganos de gobierno y control, establecidos, por ley, con participación de los distintos estamentos de la comunidad educativa.
- Régimen de admisión de alumnos acorde con las normativas reguladoras-
- Carácter propio fijado por la entidad titular, cuyos rasgos esenciales quedan reflejados en el Proyecto Educativo del Centro.
- Oferta de una educación integral a los alumnos
- Atención a los alumnos con necesidades educativas especiales.
- Centros integrados.
Francisco Vírseda García
