MAGISTERIO Miércoles, 7 de julio 2021
Con ella, se quiere “garantizar un sistema educativo acorde con la Constitución y con el ejercicio de la libertad de elección de centro escolar, recogida en su artículo 27, teniendo en cuenta la demanda de las familias y el desarrollo integral de los alumnos y, específicamente, de los que presentan necesidades educativas especiales”. Esta nueva normativa, cuya entrada en vigor se prevé a lo largo de este próximo curso 2021-22, se aplicará en los centros sostenidos con fondos públicos, de forma que más de 1,2 millones de estudiantes se beneficiarán de ella. En la actualidad, el 54,5% de los alumnos de la región está escolarizado en centros públicos, mientras que 29,6% lo hace en concertados y el 15,9% en privados.
