El Decreto que ampara la obligatoriedad de estar en posesión del nivel C1 de catalán para el profesorado universitario se remonta a 2010. Desde entonces se venía aplicando con bastante permisividad. Es en el último año cuando se ha intensificado la exigencia de contar con ese requisito de acreditación. La intención del Rectorado es imponer un mínimo del 80% de enseñanza en catalán.
En la votación propuesta por la Junta del Personal Universitario, el sindicato CSIF se opuso a la aplicación de la normativa por diversos motivos, según explica Magister. Pero contó con el voto favorable del CSC, el sindicato independentista, apoyado por CCOO y UGT.
