Por Francisco Vírseda García
Las declaraciones del presidente del Gobierno y de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, acusando a las universidades privadas de chiringuitos que expiden títulos sin calidad, han causado indignación en el ámbito académico.
Asociar lo público con la calidad y lo privado con la mediocridad y el lucro es injusto e ineficaz, si lo que se desea es mejorar el sistema universitario español. No es aceptable que se quieran establecer nuevos vetos a las universidades privadas, exigiendo un mínimo de 4.500 estudiantes, la obligación de disponer de un 10 por ciento de plazas de alojamiento o tener una oferta de grados, másteres o doctorados en, al menos, tres de las cinco grandes ramas de conocimiento. Si estos criterios se aplican de forma retroactiva se convertirían en una forma de intervencionismo y no en una mejora estructural, generando una gran inseguridad jurídica.
Las universidades, sean públicas o privadas, deben servir a sociedad desde la docencia e investigación. Hay universidades públicas excelentes con un profesorado altamente cualificado, pero también las hay faltas de innovación, con estructuras administrativas obsoletas, de la misma forma que hay universidades privadas magníficas, aunque algunas no alcancen los niveles mínimos exigibles.
Lo que está claro es que la titularidad no garantiza ni la excelencia ni el fracaso.
Es fundamental respetar la libertad de elección de las familias y los estudiantes, porque limitarla en nombre de una defensa de lo público, es una forma torticera de control ideológico.
Es necesario construir un sistema donde todas las instituciones estén sometidas a una evaluación rigurosa, sin dogmatismos, exigiendo a todas, criterios de calidad y transparencia, fomentando la libertad académica, la investigación seria y el compromiso con la sociedad, a través de la excelencia. Esto pasa por favorecer la autonomía universitaria, frente a cualquier tentativa de control político.
