La entrada en vigor de la reforma de las pensiones supone un cambio sustantivo para los estudiantes universitarios y de FP que realizan las prácticas en centros de trabajo. Tanto los Rectores como las mismas CCAA han mostrado ya sus reservas. El Real Decreto en la disposición adicional 52 exige incluir a todos los alumnos en la Seguridad Social, tengan prácticas remuneradas o no. La ley contempla que los gastos de cotización serán pagados por el Estado casi en su totalidad (95%) pero los empresarios ponen sus reticencias ante la dificultad del trámite burocrático de altas y bajas. Además, algunas CCAA sospechan que esta inclusión en las listas de trabajadores, sirva para mejorar la estadística del mercado laboral.
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